La Pena de Muerte y los Individuos



Extranjeros en los Estados Unidos


Extranjeros Bajo Sentencia de Muerte en los Estados Unidos

  • TOTAL: 138 el 14 de Febrero del 2016
  • Número de nacionalidades: 36
Sentencias de muerte activas
México 59
Cuba 9
Vietnam 9
El Salvador 8
Honduras 6
Cambodia 4
Bahamas 3
Colombia 3
Guatemala 3
Jamaica 3
Canada 2
Irán 2
Filipinas 2
Trinidad 2
Argentina 1
Armenia 1
Bangladesh       1
China 1
Sentencias inactivas:
Alemania (sentencia sobreseída después de una apelación) 1

Extranjeros en el Pabellón de la Muerte en los EEUU

Hay actualmente 138 extranjeros de 36 países en el pabellón de la muerte en los EEUU. Hay individuos que han sido condenados a la muerte en este país, pero no son ciudadanos de los EEUU. En muchos casos, éstos acusados no fueron informados de sus derechos bajo el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Este tratado fue firmado y ratificado por los EEUU, pero muchos acusados de los países que también son partes en este tratado no fueron informados de sus derechos para ponerse en contacto con los consulados de sus países. Los consulados tampoco fueron informados puntualmente del arresto de uno de sus ciudadanos. (Mark Warren de Human Rights Research).

Derechos Consulares, los Extranjeros, y la Pena de Muerte

  • Bajo el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, las autoridades tienen que informar a todos los extranjeros detenidos de sus derechos para avisar a los consulados sobre su detención “sin retraso.” Si el extranjero lo pide, las autoridades tienen que avisarle al consulado, facilitar la comunicación consular, y otorgarle acceso consular al detenido. Los cónsules tienen poder de conseguir representación legal para sus ciudadanos y proveer una amplia gama de asistencia humanitaria con el consentimiento del detenido.
  • En Marzo del 2004, la Corte Internacional de Justicia determinó en el caso de Avena (México v. USA) que el derecho a aviso de los derechos consulares “sin retraso” significa que hay “un deber de parte de las autoridades que arrestan a los extranjeros a darle a los presos información en cuanto se den cuenta de que la persona es un extranjero o en cuanto hayan motivos para pensar que la persona es probablemente un extranjero. En muchos casos, la policía que arresta a la persona podría saber la nacionalidad probable del sospechoso por medio de la confirmación rutina de identidad y las investigaciones informatizadas de antecedentes penales, hechas antes, durante, o muy pronto después del arresto.”
  • No ha habido un estudio extenso sobre este tema, pero los datos disponibles indican que recibir asistencia consular oportuna reduce la probabilidad de que pidan o impongan sentencias de muerte a extranjeros con cargos capitales.
  • Hasta ahora, sólo han sido identificados 7 casos en los cuales hubo conformidad completa con los requisitos del Artículo 36 (de más que 160 sentencias de muerte conocidas). En muchos de los casos donde no se cumplieron los requisitos, los extranjeros detenidos aprendieron de sus derechos consulares semanas, meses, y hasta años después de sus arrestos, típicamente de sus abogados o de otros presos, no desde las autoridades locales. Por esto, los oficiales consulares fueron muchas veces incapaces de proveer asistencia crucial a los extranjeros cuando es más beneficioso: durante el arresto y en la fase antes del juicio en los casos capitales. Por ejemplo, las autoridades de Arizona no informaron formalmente a los ciudadanos alemanes Karl y Walter LaGrand de sus derechos de Artículo 36 hasta 17 años después del arresto — semanas antes de su ejecución.
  • El 28 de Junio del 2006, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió dos casos que involucran la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En ambos casos, los extranjeros fueron arrestados pero no informados por los oficiales de policía de sus derechos consulares bajo la Convención para pedir que sus consulados fuesen avisados de su detención. La Corte concluyó que las declaraciones hechas por los extranjeros no necesitaban ser suprimidas en Sanchez-Llamas v. Oregon y Bustillo v. Johnson. Pero el Juez Breyer no estuvo de acuerdo y dijo que una persona que entiende sus derechos de Miranda pero no entiende sus derechos consulares debería poder reclamar la supresión como un remedio bajo la Convención de Viena.
  • Aunque los acusados en estos casos no fueron condenados a la muerte, la resolución de estos casos decide algunas preguntas legales que probablemente afectarán a los que están en el pabellón de la muerte.

Mark Warren, Human Rights Research
[email protected]
tel: (613) 256–8308

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Discapacidades Intelectuales


Atkins v. Virginia

El 20 de Junio del 2002, la Suprema Corte de los Estados Unidos tomó una decisión histórica que terminó la ejecución de las personas con discapacidades intelectuales. En Atkins v. Virginia, la Corte decidió que ejecutar a los presos con éstas discapacidades sería una violación de la prohibición del castigo cruel e inusual de la Octava Enmienda. La decisión refleja el consenso nacional que se ha formado en esta cuestión. (Associated Press, 20 de Junio, 2002).

  • Anteriormente, en 1989, la Corte Suprema decidió (5–4) en Penry v. Lynaugh (492 U.S. 302) que ejecutar a las personas con el retraso mental no era una violación de la Octava Enmienda. El retraso mental era simplemente un factor de mitigación para ser considerado por el jurado durante la fase de la sentencia. Escribiendo por la mayoría, la jueza Sandra Day O’Connor dijo que no había un “consenso nacional” contra la ejecución de las personas con discapacidades intelectuales, pues sólo dos estados, Maryland y Georgia, prohibían tales ejecuciones.
  • Antes de Atkins v. Virginia, 18 estados y el gobierno federal prohibieron la ejecución de las personas con discapacidades intelectuales: AZ, AR, CO, CT, FL, GA, IN, KS, KY, MD, MO, NE, NM, NY*, NC, SD, TN, WA, and U.S (*excepto el asesinato por un preso).
  • Los expertos en la salud mental han notado que las características de las personas con discapacidades intelectuales (por ejemplo su inclinación a seguir las sugerencias de otros y ganas de complacer) les pueden llevar a confesar a los crímenes capitales, algunas veces falsamente.
  • En 1989, la Asociación Americana de Abogacía (en inglés, ABA) pasó una resolución oponiéndose a la ejecución de las personas con discapacidades intelectuales. La ABA decidió que la ejecución de tales individuos no es aceptable en una sociedad civilizada, independientemente de su culpabilidad o inocencia. En 1997, la persistente imposición de la pena de muerte a presos con discapacidades intelectuales y a menores de edad contribuyó a que la ABA pidiera un moratorio en la aplicación de la pena de muerte.
  • Las discapacidades intelectuales tienen una definición diferente a las enfermedades mentales. Las discapacidades intelectuales son notables por “el desarrollo intelectual subnormal por causas congénitas, daño cerebral, o enfermedad y es caracterizado por cualquiera de varios defectos cognitivos, incluyendo daños en la habilidad de aprendizaje, social, y vocacional. También llamado defecto mental.” (The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition © 2000). La Corte Suprema decidió que la ejecución de las personas con discapacidades intelectuales es inconstitucional.

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Enfermedades Mentales


Descripción de las Enfermedades Mentales

“Cualquiera de varias condiciones caracterizadas por el impedimento de una función cognitiva, emocional, o conductual, y causadas por factores sociales, psicológicos, bioquímicos, genéticos, o otros, como una infección o trauma de cabeza. También llamada enfermedad emocional, dolencia mental, trastorno mental.” (The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition © 2000). Algunas de las enfermedades más comunes en los presos en el pabellón de la muerte incluyen:

  • Trastorno Bipolar
  • Trastorno Límite de la Personalidad
  • Trastorno por Estrés Post-Traumático
  • Trastorno Esquizoafectivo
  • Esquizofrenia
  • Suicidio

Casos Importantes y Recientes

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Menores de Edad


Roper v. Simmons

  • La Suprema Corte de los Estados Unidos eliminó la pena de muerte para los menores de edad en Roper v. Simmons (2005). En la era moderna, 22 presos fueron ejecutados por crímenes cometidos cuando tenían menos que 18 años de edad. En Roper, la Corte Suprema decidió que la pena de muerte para los que cometieron crímenes como menores es un castigo cruel e inusual y por lo tanto prohibido por la Constitución de los Estados Unidos. 
  • La opinión de la mayoría: Con un voto 5–4, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió el 1 de Marzo de 2005 que la Octava y Decimocuarta Enmiendas prohíben la ejecución de los delincuentes cuyos crímenes ocurrieron cuando eran menores de edad.
  • El Juez Kennedy, escribiendo por la mayoría (Kennedy, Breyer, Ginsburg, Souter, y Stevens), dijo que el Estado no puede extinguir la vida y el potencial que tiene un menor de edad para obtener un entendimiento maduro de su propia humanidad. La Corte reafirmó la necesidad de referir a “la evolución de los estándares de la decencia que marcan el progreso de una sociedad madura” para determinar cuáles castigos son tan desproporcionados que son crueles e inusuales. La Corte razonó que el rechazo de la pena de muerte para los menores en la mayoría de los estados, el uso infrecuente del castigo (a pesar de que estaba permitido), y la tendencia consistente hacia la abolición de la pena de muerte para los menores demostraban que había un consenso nacional contra la práctica. La Corte determinó que hoy nuestra sociedad ve a los menores como menos culpables que un criminal promedio.
  • La Corte explicó que el criterio primario para determinar si un castigo particular viola los estándares de la decencia es evidencia objetiva del consenso nacional, expresada por las promulgaciones legislativas y las prácticas de los jurados. La opinión de mayoría enfatizó que 30 estados prohibían la pena de muerte para los menores, incluyendo 12 estados que habían rechazado la pena de muerte completamente. La Corte dijo que la decisión de un estado para prohibir la pena de muerte completamente por la necesidad significa que el estado piensa que la pena de muerte es inapropiada para todos los delincuentes, incluso los menores. Además, la Corte notó que los jurados habían condenado a los menores a la muerte solamente en los casos raros y la ejecución de los menores es infrecuente.
  • Además de considerar la evidencia del consenso nacional, la Corte reconoció que tenía que aplicar su propia opinión al determinar si un castigo particular es desproporcionadamente duro. La Corte indicó que los menores son vulnerables a malas influencias y susceptibles a comportamientos inmaduros e irresponsables. Por ésta culpabilidad disminuida de los menores, ni la retribución ni la disuasión proveen una justificación adecuada para imponer la pena de muerte. El Juez Kennedy dijo que la retribución no es proporcional si la pena más severa de la ley está impuesta en una persona cuya culpabilidad es disminuida, en grado substancial, dado a su juventud e inmadurez.
  • Confirmación Internacional: La Suprema Corte indicó que la ejecución de los delincuentes juveniles viola muchos tratados internacionales, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el Convenio Internacional en los Derechos Civiles y Políticos. La Corte también notó que la intensidad de la opinión internacional contra la pena de muerte para los menores confirmaba su propia conclusión que la pena de muerte es un castigo desproporcionado para los delincuentes que tienen menos que 18 años de edad.

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Las Mujeres y la Pena de Muerte


En general, el porcentaje de las mujeres que se encuentran cumpliendo sentencias de muerte es muy bajo en comparación con los hombres. La ejecución de mujeres delincuentes también es bastante rara. Solamente 16 han sido ejecutadas desde 1976. Ellas son:

  • Velma Barfield en Carolina del Norte el 2 de Noviembre, 1984
  • Karla Faye Tucker en Texas el 3 de Febrero, 1998
  • Judy Buenoano de Florida el 30 de Marzo, 1998
  • Betty Lou Beets en Texas el 24 de Febrero del 2000
  • Christina Riggs en Arkansas el 2 de Mayo del 2000
  • Wanda Jean Allen en Oklahoma el 11 de Enero del 2001
  • Marilyn Plantz en Oklahoma el 1 de Mayo del 2001
  • Lois Nadean Smith en Oklahoma el 4 de Deciembre del 2001
  • Lynda Lyon Block en Alabama el 10 de Mayo del 2002
  • Aileen Wournos en Florida el 9 de Octobre del 2002
  • Frances Newton en Texas el 14 de Septiembre del 2005
  • Teresa Lewis en Virginia el 23 de Septiembre del 2010
  • Kimberly McCarthy en Texas el 26 de Junio del 2013
  • Suzanne Basso en Texas el 5 de Febrero del 2014
  • Lisa Coleman en Texas el 17 de Septiembre del 2014
  • Kelly Gissendaner en Georgia el 30 de Septiembre del 2015
  • Antes de esto, la última mujer ejecutada fue Elizabeth Ann Duncan en California el 8 de Agosto de 1962.

El 31 de Diciembre del 2012 habían 61 mujeres en el pabellón de la muerte. Esto constituye 1.87% del total de la populación del pabellón, 3,261 personas.

En los últimos 100 años, más que 40 mujeres han sido ejecutadas en los Estados Unidos, incluyendo 16 mujeres desde 1976.

Sentencias de Muerte Impuestas sobre Delicuentes Femeninas, 1973 – 2007

Año Sentencias de muerte en total* Sentencias de muerte a mujeres Porcentaje del total
1973 42 1 2.4%
1974 149 1 0.7%
1975 298 8 2.3%
1976 233 3 1.3%
1977 137 1 0.7%
1978 185 4 2.1%
1979 151 4 2.6%
1980 173 2 1.1%
1981 224 3 1.3%
1982 265 5 1.8%
1983 252 4 1.6%
1984 285 8 2.8%
1985 266 5 1.8%
1986 300 3 1.0%
1987 289 5 1.7%
1988 290 5 1.7%
1989 259 11 4.2%
1990 252 7 2.7%
1991 267 6 2.2%
1992 287 10 3.5%
1993 289 6 2.0%
1994 315 5 1.6%
1995 318 7 2.2%
1996 320 2 0.6%
1997 276 2 0.7%
1998 300 7 2.3%
1999 279 5 1.8%
2000 231 7 3.1%
2001 163 2 1.3%
2002 159 5 3.2%
2003 144 2 1.4%
2004 125 5 4.0%
2005 128 5 3.9%
2006 115 4 3.5%
2007 115 1 1.8%
2008 111 3 2.7%
2009 106 2 1.9%
2010 112 2 1.8%
2011 76 5 6.6%
2012 78 3 3.8%
Totals: 8,375 178 2.1%

* Estimados del 31 de Diciembre del 2012

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Víctimas

  • La vindicación de las víctimas y la conclusión de un episodio desgarrante para las familias de las víctimas son unas de las razones principales para apoyar la pena de muerte. Sin embargo, mucha gente cree que otro asesinato no ayuda a las familias y que la pena de muerte no ayuda a las víctimas.
  • Testimonio de Vicki Schieber, madre de Shannon Schieber, que fue asesinada: “En honor de nuestra hija, mi esposo y yo estamos comprometidos a pasar el resto de nuestras vidas tratando de lograr no solo el fin de la pena de muerte, sino también crear cambios importantes que sirvan las necesidades de las personas que han sufrido la peor pérdida… No podemos concebir de otra manera de hacer tanto bien a tanta gente como sería abolir la pena de muerte y expandir los servicios para las familias de las víctimas de homicidios.”
  • Testimonio de Marietta Jaeger-Lane, madre de Susie, que fue raptada y asesinada: “Nuestros familiares, que nos fueron robados por crímenes violentos, merecen memoriales más bellos, nobles, y honorables que asesinatos premeditados por parte del estado. La pena de muerte sólo crea más víctimas y más familias heridas. Al convertirnos en eso que deploramos – en gente que mata a otra gente – insultamos la sagrada memoria de todas nuestras queridas víctimas.”

Admisibilidad de Evidencia del Impacto de la Víctima por Estado

No Decidido Admisibilidad Limitada Admisible
Wyoming* Indiana Alabama
Montana Mississippi Arizona
New Hampshire   Arkansas
  California
  Colorado
    Delaware
    Florida
    Georgia
    Idaho
    Kansas
    Kentucky
    Louisiana
    Maryland
    Missouri
    Nebraska

(Fuente: John H. Blume, “Diez Años de Payne: Evidencia del Impacto de la Víctima en Casos Capitales,” 88 Cornell Law Review 257, 268 (2003)).

* En el 2003, la Suprema Corte de Wyoming concluyó que evidencia sobre el impacto a la víctima no era permisible en casos capitales en ese estado. La Corte dictó que la legislatura tenía que decidir si el jurado podía considerar dicha evidencia en la fase penal del juicio, y la legislatura de Wyoming todavía no ha autorizado el uso de tal evidencia (Olsen v. State, Wyo., No. 98–62).

Artículo: Madre de la Víctima de 9/11 Se Opone a la Pena de Muerte para Moussaoui

El hijo de Alice Hoagland, Mark Bingham (foto), fue matado el 11 de Septiembre cuando él se unió a otros pasajeros de United Airlines para estrellar su propio avión, pues creían que los terroristas abordo intentaban estrellarlo contra la Casa Blanca. Hoagland pidió una sentencia de vida sin libertad condicional para Zacarías Moussaoui. En una entrevista con The Advocate, Hoagland notó que salvar la vida a Moussaoui honraría “una reverencia para toda vida” y que prohibiría que algunas personas lo vieran como un mártir. Hoagland dijo: “Nosotros como Americanos tenemos la oportunidad de evitar que él sea glorificado como un mártir… . Este hombre no se merece ese honor. .. Al salvar su vida, podemos demonstrar nuestra humanidad y reconocer la humanidad de un ser humano que necesita mucha compasión. Al salvar su vida, podemos vencer el tipo del odio que él nos mostró.” (Advocate.com, 9 de Mayo, 2006)

Artículo: Las Víctimas No Necesariamente Quieren Venganza

  • Las víctimas de violencia y terror no necesariamente son bien servidas por un sistema que promete cerrar el crimen en la forma de la pena de muerte, según un artículo reciente de Washington Post escrito por Dahlia Lithwick. Entre otros casos, el autor cuestiona las suposiciones del gobierno federal sobre las necesidades de los miembros de las familias de las víctimas del ataque 9/11 cometido en parte por Zacarias Moussaoui:
  • “Los juicios criminales y la promesa de una ejecución ofrecen una herramienta aparentemente atrayente para asignar la culpa y canalizar la rabia. Pero muchas víctimas del crimen han reportado que la repetición interminable de sus historias trágicas, las reglas formales de la ley, y los años y años entre las apelaciones solamente sirven para aumentar el estrés y retrasar la curación.”
  • “Muchas, muchas víctimas de tragedia violenta se oponen a la suposición que su interés en justicia es congruente con el de los fiscales del estado que piden la pena de muerte. Justo el último mes, Vicki Schieber, la madre de una estudiante asesinada en 1998 por un violador en serie, dijo que el enfoque del gobierno en las ejecuciones quita el enfoque a reformas legales más importantes que pueden honrar a las víctimas y apoyar sus familias de mejor manera. (Washington Post, 26 de Marzo, 2006)

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