Arbitrariedad

Imagínese que las personas que manejan carros amarillos con exceso de velocidad reciben una multa, pero la gente que maneja carros de otros colores no recibe una multa. No importa si la ley del tráfico destaca a los conductores con los carros amarillos a propósito o no: un sistema con este resultado en la práctica sería injusto. En el sistema legal Estadounidense, aproximadamente el 2% de los asesinos identificados reciben una sentencia de muerte. La justicia exige que los crímenes cometidos por éstas personas sean peores que otros, o que éstas personas tengan récords criminales más graves que otros acusados. Un sistema legal es arbitrario si la sentencia de muerte depende más del color de la víctima o del condado en el cual el crimen fue cometido que en la severidad del crimen cometido por el acusado.

La Procedencia Legal y Histórica

En 1971, los presos en los pabellones de muerte de Californa y Ohio sostuvieron que la falta de criterios para determinar quienes recibían la pena de muerte les negaba el debido proceso legal proveído por la Decimocuarta Enmienda. McGautha v. California, 402 U.S. 183 (1971). En McGautha, la Suprema Corte determinó que sería prácticamente imposible construir de antemano ciertos criterios para guiar a los jurados que tenían que decidir si iban a sentenciar a una persona a la pena de muerte. La Corte notó la importancia de darle a los jurados discreción sobre la sentencia, explicando que la extensa discreción del jurado le permite considerar cada circunstancia del caso actual. La Corte no halló ninguna violación del debido proceso legal. Sin embargo, el año siguiente en Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972), la Corte decidió que el proceso para imponer la pena de muerte violaba la prohibición de la Octava Enmienda contra el castigo cruel e inusual.

En Furman, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte decidió que las sentencias de muerte eran inconstitucionales en la práctica. Cada uno de los cinco jueces de la mayoría escribió una opinión separada con diferentes razones por las cuales la pena de muerte no era constitucional. Sin embargo, los jueces de la mayoría estuvieron de acuerdo que la falta de los criterios para la imposición de la pena de muerte permitía que este castigo fuera aplicado de manera selectiva y arbitraria. La mayoría concluyó que la pena de muerte había sido impuesta de manera irregular, infrecuente, y a menudo de forma selectiva contra las minorías. Bajo la cláusula que prohíbe el castigo cruel e inusual, una pena es considerada inconstitucional si es administrada arbitrariamente o discriminatoriamente. En Furman, la Corte efectivamente declaró nulo el estatuto de la pena de muerte existente en cada estado, redujo las sentencias de los presos en el pabellón de la muerte alrededor del país, y suspendió la pena de muerte en los Estados Unidos.

Después de Furman, muchos estados empezaron a promulgar nuevas leyes para disminuir la arbitrariedad en casos capitales. Para evitar que la Suprema Corte declarara sus leyes inconstitucionales por darle demasiada discreción al jurado, algunos estados eliminaron la discreción por completo, pasando leyes que requerían una sentencia de muerte por ciertos crímenes. Sin embargo, ésta práctica fue declarada inconstitucional por la Corte en Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280 (1976), porque la práctica no permitía que los jurados consideraran las diferencias entre varios casos.

Otros estados escribieron leyes que intentaban enfocar la discreción de los jurados capitales con guías diseñadas para ayudarlos a decidir si la pena de muerte era apropiada. El estado de Georgia creó un proceso bifurcado: en el primer juicio, el jurado determinaba si el acusado era culpable. Si el jurado determinaba que había culpa, iniciaba un segundo juicio en el cual la sentencia sería determinada (por el mismo jurado). Este segundo juicio se llama la fase de pena. Para la imposición de la pena de muerte, se requiere que el jurado encuentre por lo menos una circunstancia agravante (es decir, una característica que hace que algunos asesinatos sean peores de lo común, como asesinar a un menor o torturar a la víctima) más allá de la duda razonable. Los estados incluyen las circunstancias agravantes en sus estatutos capitales. Para evitar la arbitrariedad, Georgia también creó un proceso de apelación especializado en casos capitales. En 1976, el estatuto de Georgia sobre la discreción guiada, junto con los estatutos de Florida y Texas, fue aprobado cuando la Suprema Corte decidió Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153. Esta decisión histórica sostuvo que los nuevos estatutos de la pena de muerte eran constitucionales, restableciendo la pena de muerte en los Estados Unidos. La Corte también decidió que la pena de muerte en sí misma es constitucional bajo la Octava Enmienda.

Once años después de Gregg, la Suprema Corte consideró si evidencia estadística que mostraba una relación entre la raza y el resultado de casos capitales era suficiente para establecer una violación constitucional. McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279 (1987). McCleskey, un preso Afro-Americano en el pabellón de la muerte, le presentó a la Corte un análisis estadístico sofisticado que demostraba que la raza de la víctima afectaba los resultados en casos capitales. El estudio, dirigido por el profesor David Baldus, examinó la pena de muerte en Georgia y encontró evidencia estadística demostrando que las personas acusadas de haber asesinado a víctimas blancas tenían 4.3 veces más probabilidades de recibir la pena de muerte que personas acusadas de matar a víctimas Afro-Americanas. McCleskey le pidió a la Corte que declarara su sentencia de muerte inconstitucional bajo la cláusula requiriendo la protección equitativa en la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, la Corte declaró que las disparidades raciales no serían reconocidas como una violación constitucional bajo ésta cláusula sin pruebas de que hubo discriminación racial intencional contra el acusado McCleskey. La Corte también rechazó el argumento de McCleskey que la pena de muerte era inconstitucional bajo la Octava Enmienda dado al impacto que la raza tenía en las sentencias de muerte, razonando que el estudio ofrecido era insuficiente para probar que la pena de muerte era aplicada en una manera arbitraria.

Evidencia de la Arbitrariedad

Tres décadas después de que guías para los jurados fueron aprobadas por la Corte en Gregg, la pena de muerte todavía se está aplicando de manera impredecible a un número pequeño de los acusados. Todavía no hay uniformidad en el sistema capital de los Estados Unidos. Algunos de los asesinatos más atroces no resultan en sentencias de muerte, mientras que algunos crímenes menos atroces son castigados por la muerte.

Guías inefectivas y restricciones en el proceso de la sentencia capital pueden permitir que las personas que toman las decisiones (los policías, fiscales, jueces, y jurados) tomen decisiones basadas sobre estereotipos sobre quiénes son los peores tipos de criminales o quiénes son las víctimas más simpáticas. Las sentencias de muerte no sólo están basadas en la gravedad del crimen o la culpabilidad del delincuente: la geografía, raza, el género, y el acceso a representación legal adecuada también parecen tener un efecto.

La Geografía y la Arbitrariedad

La variación regional en las sentencias de muerte indica arbitrariedad. Uno espera ver alguna variación de un estado al otro por las diferencias en la población, los índices del crimen y las leyes, pero uno también espera que en un sistema justo, la ley de un estado sea aplicada uniformemente en ese estado.

En un sistema justo, las sentencias de muerte no deberían estar concentradas en una región. Sin embargo, actualmente la posibilidad de recibir la pena de muerte depende en gran parte del lugar donde el crimen fue cometido.

• Aunque 28 estados permiten la pena capital, en realidad sólo se aplica en un pequeño porcentaje de jurisdicciones. Menos del 2% de las jurisdicciones (condados) de Estados Unidos representan más del cincuenta por ciento de la población condenada a muerte del país y más de 4/5 de los condados de Estados Unidos no tienen nadie condenado a muerte. Es entonces un tanto arbitrario quién es condenado a muerte, porque depende en gran medida de la jurisdicción geográfica en la que se juzga a una persona. (DPIC, The 2% Death Penalty: How a Minority of Counties Produce Most Death Cases at Enormous Costs to All, Octobre 2013).
• Aproximadamente un cuarto de los presos en el pabellón de la muerte de Ohio vienen del condado de Hamilton (Cincinnati), pero sólo el 9% de los asesinatos del estado ocurren allí. (R. Willing y G. Fields, Geografía de la Pena de Muerte, USA Today, 20 de Diciembre, 1999).
• El condado de Maricopa en Arizona tenía cuatro veces más casos de pena capital pendientes que Los Ángeles o Houston per cápita. El fiscal de distrito responsable de este uso agresivo fue recientemente inhabilitado por mala conducta. (DPIC, The 2% Death Penalty: How a Minority of Counties Produce Most Death Cases at Enormous Costs to All, Octobre 2013).
• La Ciudad de Baltimore sólo tiene una persona en el pabellón de la muerte en Maryland, pero el Condado de Baltimore (en el cual ocurre una décima parte de los asesinatos que ocurren en la Ciudad) tiene nueve veces el número de personas que tiene la Ciudad de Baltimore en el pabellón de la muerte. (L. Montgomery, Maryland Cuestionando Extremos Locales sobre la Pena de Muerte, Washington Post, 12 de Mayo, 2002).
• Una investigación conducida por siete periódicos de Indiana en 2001 halló que la pena de muerte depende de factores como los puntos de vista de diferentes fiscales y los recursos financieros de los condados. Dos condados de Indiana han producido casi tantas sentencias de muerte como todos los otros condados en Indiana combinados. (South Bend Tribune, 21 de Octubre, 2001).

La ley federal tampoco es aplicada uniformemente. Una investigación sobre la pena de muerte federal por el Departamento de la Justicia halló grandes disparidades en las prosecuciones capitales, las cuales eran causadas por factores geográficos. El país está dividido en distritos federales, y fiscales federales en cada distrito están obligados a someter todos los casos en los cuales se podría buscar la pena de muerte al Procurador General para ser revisados. Los fiscales pueden recomendar el pedir (o no pedir) la pena de muerte. El Departamento de Justicia encontró grandes disparidades en la distribución geográfica de las recomendaciones de la pena de muerte federal.

• De 1995 al 2000, el 42% de los casos federales sometidos al Procurador General para ser revisados vinieron de sólo 5 de los 94 distritos federales.
• Si se incluyen los 21 distritos que nunca han sometido un caso para el reviso por el Procurador General, desde 1995-2000, 40 de los 94 distritos federales nunca pidieron la pena de muerte para ningún acusado.

La Raza y la Arbitrariedad

Cuando los criterios legales que los jurados deben considerar al evaluar una sentencia de muerte no le dan suficiente dirección a los miembros del jurado, éstos pueden tomar decisiones basadas en prejuicios conscientes o inconscientes sobre quiénes son los peores de los criminales o quiénes son las víctimas más simpáticas. Estudios recientes sobre la pena de muerte continúan encontrando una correlación entre la sentencia de muerte y la raza del sentenciado. Los estudios han demostrado consistentemente que los que matan a víctimas blancas tienen más probabilidades de recibir la pena de muerte que los que matan a víctimas Afro-Americanas.

• Según Amnistía Internacional, un estudio sobre la pena de muerte en Illinois publicado en 2002 encontró que existe una relación estadística comprobada entre la imposición de la pena capital en el estado de Illinois y la raza de las víctimas en los casos de asesinato. El estudio encontró que los condenados por el homicidio premeditado de una persona negra eran los que tenían menos probabilidades de ser condenado a muerte. De hecho, el estudio concluyó que 11 de las 12 ejecuciones llevadas a cabo en Illinois desde 1977 Habían sido por asesinatos con víctimas blancas. (Amnistía Internacional, Muerte por discriminación: la raza sigue influyendo en los casos de pena de muerte, Abril de 2003). 
• En el 96% de los estados donde han habido estudios sobre la raza y la pena de muerte se encontró una pauta de discriminación por la raza de la víctima, o por la raza del acusado, o ambos. (David Baldus, et al., En La Era Después de Furman: Visión General Empírico y Legal, Con Encuentros Recientes de Philadelphia, 83 Cornell L. Rev. 1638 (1998)).
• Según los resultados de un estudio sobre la pena de muerte encargado por el Gobernador y realizado por investigadores de la Universidad de Maryland, las probabilidades de que un acusado en Maryland reciba una sentencia de muerte son mucho más altas para los acusados de matar a una persona blanca. (Prof. Raymond Paternoster et. al., Un Análisis Empírico del Sistema de la Sentencia de Maryland en Cuanto a la Influencia de Raza y Jurisdicción Legal, 7 de Enero, 2003).
• Un reportaje hecho público por la Suprema Corte de Nueva Jersey halló que “hay evidencia estadística inquietante que indica que casos capitales en los cuales la víctima es blanca tienen mayores probabilidades de progresar a la fase de pena que casos con víctimas Afro-Americanas. (Asbury Park Press, 13 de Agosto, 2001).
• Un estudio en Carolina del Norte, basado en datos de 502 asesinatos entre 1993 y 1997 halló que la raza desempeñó un papel significativo en quién recibe la pena de muerte. En Carolina del Norte, los acusados cuyas víctimas son blancas son 3.5 veces más probables de recibir la sentencia que otros acusados. (Prof. Jack Boger y Dr. Isaac Unah, Raza y la Pena de Muerte en Carolina del Norte, un Análisis Empírico: 1993-1997, 16 de Abril, 2001).
• Un estudio estadístico sofisticado que fue conducido en Filadelfia por David Baldus halló que, al comparar crímenes similares cometidos por acusados similares, los Afro-Americanos reciben la pena de muerte a un índice que es 38% más alto que para personas de otros grupos. (Richard C. Dieter, La Pena de Muerte en Blanco y Negro – Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 1998).

Después de 20 años en el tribunal supremo, tengo que reconocer que se están planteando preguntas serias sobre la justicia de la administración de la pena de muerte en este país. Tal vez es tiempo de revisar los requerimientos para los abogados designados en los casos de muerte y asegurarnos que los abogados que toman estos casos sean compensados de una manera justa.

- Jueza Sandra Day O’Connor (2001)

La Representación y la Arbitrariedad

La calidad de la representación legal está relacionada con la aplicación arbitraria de la pena de muerte, porque la representación inadecuada contribuye a errores en las sentencias capitales.

• El Jornal Nacional de la Ley, después de un estudio sobre la representación en casos capitales en el Sur de los Estados Unidos, concluyó que los juicios capitales son “como tirar una moneda al azar, no como poner una balanza en equilibrio delicadamente,” porque el abogado del acusado “muchas veces ha sido … mal entrenado, no está preparado [y] es extremadamente mal pagado.” (M. Coyle, et al., Defensa Fatal: Ensayo y Error en el Cinturón de Muerte, Nat’l. L.J., 11 de Junio, 1990). Los estados varían enormemente en la calidad de la representación legal que le proveen a los acusados indigentes.
• En el estado de Washington, un quinto de las 84 personas condenadas a muerte en los últimos 20 años fueron representados por los abogados que habían sido, o fueron después, expulsados de la abogacía, suspendidos, o arrestados. En total, la tasa de expulsión para abogados en ese estado es menos del 1%. (Seattle Post-Intelligencer, 6-8 de Agosto., 2001).
• En Carolina del Norte, por lo menos 16 presos en el pabellón de la muerte, incluyendo 3 que fueron ejecutados, fueron representados por abogados que han sido expulsados de la abogacía o disciplinados por conducta que violaba el código ético de los abogados, incluyendo conducta criminal. (Charlotte Observer, 9 de Septiembre, 2000).
• En Texas, aproximadamente uno de cada cuatro presos en el pabellón de la muerte ha sido defendido por abogados que han sido reprendidos, puestos en período de prueba, suspendidos, o prohibidos de practicar la ley por la Abogacía del Estado. (Dallas Morning News, 10 de Septiembre, 2000).
• En Alabama, aproximadamente 40 de 185 presos en el pabellón de la muerte — algunos con menos de cinco meses restantes para apelar — no tienen abogados. (N.Y. Times, 5 de Julio, 2001).

Las personas que tienen buenos abogados durante el juicio no reciben la pena de muerte… De todos los casos que llegan a la Corte pidiendo un atraso el día antes de la ejecución, no he visto ni un caso en el cual el acusado fuera bien representado en el juicio.

- Jueza Ruth Bader Ginsburg (2001)

Malentendidos del Jurado

El Proyecto del Jurado Capital estudió más que 1,200 jurados en 14 estados. Basándose en esta investigación, los profesores Bowers y Foglia concluyeron que los requisitos impuestos por la Constitución y establecidos para guiar la discreción del jurado y eliminar las sentencias arbitrarias no están funcionando. El estudio identificó los siguientes problemas constitucionales:

• Decisiones Prematuras: Entrevistas con los miembros de jurados hallaron que aproximadamente el 50% de los entrevistados decidió cuál sería la pena antes de la fase de la sentencia del juicio. Es decir, antes de que los miembros del jurado escucharan la evidencia para la fase de la pena y antes de que recibieran instrucciones sobre cómo tomar la decisión del castigo.
• Prejuicios en la Selección del Jurado: Los investigadores hallaron que los métodos de la selección del jurado resultaron jurados desproporcionadamente propensos a encontrar a los acusados culpables y de sentenciarlos a muerte.
• Falla en Entender las Instrucciones del Jurado: El estudio halló que el 45% de los jurados no entendió que tenían permitido considerar cualquier evidencia que mitigara la sentencia durante la fase de la sentencia del juicio. Además, dos tercios de los jurados no sabían que no tenían que llegar a una decisión unánime para encontrar que habían circunstancias mitigantes.
• Creencias Erróneas que la Muerte es Requerida: El 44% de los jurados dijeron que ellos creían que la pena de muerte era requerida si la conducta del acusado fue atroz, vil, o depravada, y casi el 37% de los jurados dijeron que la pena de muerte era requerida si el acusado sería peligroso en el futuro. La Suprema Corte ha encontrado que la pena de muerte nunca es obligatoria simplemente porque las circunstancias agravantes han sido establecidas.
• Influencia de la Raza: Los investigadores revelaron que las probabilidades de recibir la pena de muerte para un acusado Afro-Americano cuya víctima era blanca aumentan cuando hay cinco o más hombres blancos en el jurado, y disminuyen cuando hay por lo menos un hombre Afro-Americano en el jurado. Estos jurados tienen perspectivas muy diferentes sobre lo que consiste una duda razonable, el remordimiento del acusado, y el riesgo futuro del acusado.
• Subestimando las Alternativas a la Pena de Muerte: Los primeros encuentros del estudio hallaron que casi todos los jurados subestimaron la cantidad del tiempo que un acusado cumpliría en la cárcel si no era condenado a la muerte. Mientras más pronto los jurados creían que un acusado regresaría a la sociedad si no recibía la pena de muerte, más probable era que los miembros del jurado impusieran la pena de muerte.

William J. Bowers y Wanda D. Foglia, Todavía Sufriendo Angustiosamente: Fallo de la Ley en Purgar la Arbitrariedad de la Sentencia Capital, 39 Crim. L. Bull. 51 (2003).

El Género y la Arbitrariedad

Hay muy pocas mujeres sentenciadas a muerte. Esto hace difícil sacar conclusiones estadísticas sobre el prejuicio de género en el sistema capital.

Al encontrar la pena de muerte inconstitucional en 1972, el juez Thurgood Marshall dijo “hay mucha evidencia que la pena de muerte es impuesta contra los hombres, pero no contra las mujeres… Es difícil entender por qué las mujeres han sido beneficiadas de esta manera, porque los propósitos que supuestamente son servidos por el castigo capital parecen aplicar de manera equitativa a ambos sexos. (Furman v. Georgia, 408 U.S. 238, 365 (1972)).

Las sentencias de muerte y las ejecuciones para las delincuentes femeninas son raras en comparación con tales acontecimientos para los delincuentes masculinos. De hecho, las mujeres tienen mayor probabilidad de salir del sistema capital mientras más avanzan sus casos.

1 de cada 10 (10%) personas arrestadas por homicidio es mujer.

1 de cada 50 (2%) sentencias de muerte a nivel del juicio se le impone a una mujer.

1 de cada 60 (1.7%) personas en el pabellón de muerte cuando el estudio fue realizado era mujer.

1 de cada 100 (1.0%) personas ejecutadas en la era moderna fue una mujer.

Victor L. Streib, “La Pena de Muerte para las Delincuentes Femeninas, Enero 1973 al 31 de Octubre, 2010”.

¿Los Peores de los Peores?

La pena de muerte no es necesariamente aplicada a los peores de los peores delincuentes.

Charles Cullen, un ex-enfermero, se escapó de la pena de muerte por llegar a un acuerdo con los fiscales en el cual se declaró culpable de matar a 13 pacientes del hospital. (D. Kocieniewski, N.Y. Times, 30 de Abril, 2004).

En una negociación entre el acusado y los fiscales del estado Washington, Gary Ridgway, un hombre de la vecindad de Seattle que confesó a 48 asesinatos desde 1982, va a servir una sentencia de vida sin libertad condicional. (Associated Press, 5 de Nov., 2003).