La aplicación de la pena de muerte sigue su tendencia a la baja en EE.UU. En 2010 fueron ejecutadas 46 personas, un 12% menos que el año pasado y casi la mitad de la cantidad de ajusticiados que hubo al comienzo de la década.
De acuerdo con datos del informe del 2010 producido por el Centro para la Información sobre la Pena de Muerte (CPIPM), una organización que aboga por la eliminación de la pena capital, los números reflejan cómo ese castigo ha perdido “popularidad” en la sociedad estadounidense.
En 2010 fueron sentenciados a morir ejecutados 114 personas, sólo dos más que en 2009, pero menos de la mitad ingresaron en el llamado “corredor de la muerte” que en 2000.
Texas sigue haciendo honor al nombre de “estrella solitaria” con el que se identifica al estado y mantiene el liderazgo en ejecuciones, con 24 en 2010, aunque también experimentó una reducción del 30% respecto al año anterior y de un 80% comparado con datos de hace diez años.
Altos costos
En su informe, el CPIPM asegura que varios puntos polémicos explican esa tendencia a la baja, pero principalmente son la renuencia de los jurados a otorgar ese veredicto y la preocupación por el alto costo que acarrea al estado la aplicación de la sentencia.
En las recientes elecciones parlamentarias, regionales y locales de noviembre, varios aspirantes resultaron elegidos a los cargos a los que postulaban pese a que fueron identificados como “enemigos de la pena de muerte” por las campañas adversarias.
Según una investigación de Lake Research, una empresa de Washington que hace estudios de opinión para definir políticas públicas, el 61% de los encuestados dijo preferir sentencias alternativas a la pena de muerte.
A ese sentimiento contribuyen los temores del público que integra los jurados a que errores, voluntarios o involuntarios, en el trabajo policial y en el proceso legal terminen condenando a personas inocentes
Ese ha sido el caso de las 130 personas que han sido exoneradas desde 1976 ‑17 de ellas gracias a pruebas de ADN- después de pasar años en el corredor de la muerte esperando su ejecución, según la información del Proyecto Inocencia, una organización de abogados que trata de prevenir o revertir sentencias injustas.
Crisis y justicia
El aspecto económico contribuye a la reducción de la aplicación de la pena de muerte: la relación costo-beneficio al compararse con otro tipo de métodos para el control de crímenes.
Un estudio interno del estado de Illinois encontró que en los últimos siete años la gobernación invirtió US$100 millones para asistir a las fiscalías de distritos que buscaban penas de muerte en casos de asesinatos.
Además, se estima que en promedio un condenado a muerte pasa más de diez años esperando la ejecución, dado el lento proceso de apelaciones y contra apelaciones que suele caracterizar este tipo de casos.
Esa tendencia se viene incrementando sostenidamente desde 1977 por presiones de la opinión pública y los cambios en la ley que permiten que los desafíos a las sentencias se hagan más comunes.
La larga permanencia en el corredor de la muerte anula el argumento de quienes abogan por “deshacerse” de criminales y ahorrarle al estado el costo de mantenerlos en prisión de por vida.
Además ha generado un debate moral sobre el “doble castigo” que estarían recibiendo los condenados a muerte, pues mientras esperan ejecución de sentencia viven en un ambiente en el que la incertidumbre y el aislamiento terminan a veces afectándoles su salud mental.
¿Dónde está la inyección?
En 2010 unas 40 ejecuciones fueron pospuestas, muchas de ellas por la indisponibilidad de uno de los fármacos que se usa en el cóctel de inyecciones letales que se aplica a los condenados a muerte.
A principios del año un problema en el suministro del anestésico tiopental sódico forzó a muchos estados a buscar drogas alternativas, como el pentobarbital, fármaco usado en medicina veterinaria, lo que motivó apelaciones por parte de abogados de los condenados.
La defensa de los condenados argumentaba que la efectividad del pentobarbital no estaba probada y que además su uso en seres humanos no contaba con la aprobación de la Agencia de Drogas y Alimentos.
Sin embargo, el 16 de diciembre en Oklahoma, John Duty se convirtió en la primera persona en ser ejecutada con una mezcla que incluyó el pentobarbital, de uso común para la eutanasia de animales.
Arizona y California importaron el tiopental desde Gran Bretaña, mientras que Texas dice tener un suministro suficiente para 39 ejecuciones, aunque expirará en marzo del 2011.
Hacia la moratoria definitiva
Por varios años, grupos de defensores de derechos humanos han tratado que la pena capital sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema de EE.UU.
Eso se logró parcialmente en 1972 cuando el máximo tribunal determinó que los estatutos de varios estados, no la pena en si, eran inconstitucionales y conmutó la pena a las 629 personas que para ese entonces esperaban ejecución.
Una vez corregidos esos estatutos, los estados lograron restaurarla en 1977, aunque con limitaciones que no existían antes y que buscaban atacar el problema de la arbitrariedad.
Pero ese sigue siendo la principal queja de quienes se oponen a este tipo de condenas: el que no exista un estándar para su aplicación.
Porque no siempre se usa en todos los llamados “crímenes horrendos”, lo que la deja a la discreción de la acusación y en último lugar a los posibles prejuicios del jurado de ciudadanos.
Para los contrarios a la pena de muerte la tendencia decreciente en la adjudicación y aplicación de condena máxima es una buena noticia, aunque esperan que llegue el momento en el que su práctica se elimine completamente en EE.UU.
Source: BBC Mundo, 29 de diciembre de 2010
